El gobierno de Trump endurece el cerco bancario a inmigrantes sin estatus legal

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump está tomando medidas adicionales para impedir que las personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia utilicen el sistema bancario del país, al intensificar las acciones contra las instituciones financieras que les prestan dinero.

El lunes, un grupo de reguladores financieros tiene previsto emitir directrices destinadas a recordar a los bancos e instituciones financieras sus requisitos de “conozca a su cliente” en materia de gestión del riesgo crediticio, en particular en lo que se refiere a prestatarios que no están autorizados a trabajar en Estados Unidos.

La advertencia es una de varias medidas que el gobierno de Trump ha adoptado para desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal interactúen con el extenso sistema financiero estadounidense. Las medidas están diseñadas para alentar enérgicamente a los bancos a retirar a dichas personas como clientes, sin ordenar expresamente que los bancos lo hagan.

Está previsto que el anuncio lo hagan tres reguladores bancarios: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito. Las agencias indicaron que los bancos deberían tener en cuenta que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal podrían no poder reembolsar un préstamo en caso de deportación. En resumen, señalan, las personas que trabajan en Estados Unidos de manera ilegal representan un riesgo general para el sistema financiero.

Hay datos limitados sobre cuántas personas que están en Estados Unidos de manera ilegal tienen cuentas bancarias y préstamos a través de los bancos.

Esto ocurre como parte de la orden ejecutiva del presidente Trump firmada en mayo que exige a los bancos y a otras instituciones financieras examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes. Esa orden inició la ola más reciente de cambios en la regulación bancaria, al instruir a los reguladores bancarios y a oficinas del gobierno a buscar indicios de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.

Entre otras cosas, las directrices que se emitirán el lunes aconsejan a las instituciones financieras “identificar, medir, monitorear y controlar estos riesgos mediante prácticas de suscripción seguras y sólidas que evalúen la disposición y la capacidad de un prestatario para pagar conforme a los términos de la obligación crediticia”, según un comunicado de prensa.

En mayo, el FinCEN, el brazo de delitos financieros del Departamento del Tesoro, emitió un aviso a los bancos donde les indicó que estuvieran atentos al robo de identidad, al fraude de impuestos sobre nómina y a esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de personas que no están autorizadas a trabajar en Estados Unidos.

El aviso insta a las instituciones financieras a estar alertas ante más de una docena de señales de alerta que indican que una persona está en Estados Unidos de manera ilegal.

La Casa Blanca también ha tomado otras medidas para desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal utilicen el sistema financiero. En noviembre, el Tesoro anunció que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si presentan su declaración y pagan impuestos.

Expertos fiscales señalaron que los inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, es decir aquellos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal se verían afectados por el cambio previsto.