Fiscal acusa a agente de ICE por tiroteo durante redadas migratorias

MINNEAPOLIS (AP) — Una fiscal de Minnesota anunció cargos el lunes contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el tiroteo no mortal de un hombre venezolano durante las recientes redadas migratorias Trump en Minnesota.

El agente, Christian Castro, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado y uno por denunciar falsamente un delito por el tiroteo del 14 de enero contra Julio César Sosa-Celis, informó la fiscal del condado Hennepin, Mary Moriarty, en una conferencia de prensa.

La fiscalía emitió una orden de arresto contra el agente.

“El señor Castro es un agente de ICE, pero su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta criminal en Minnesota”, declaró Moriarty, agregando que Sosa-Celis nunca representó una amenaza. “No existe tal cosa como inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado o en cualquier otro”.

Un agente federal le disparó a Sosa-Celis en el muslo después de que él y otro agente persiguieran a un hombre distinto hasta el dúplex de apartamentos donde vivían ese hombre y Sosa-Celis. Moriarty indicó que tanto Sosa-Celis como el otro hombre estaban legalmente en Estados Unidos.

Las autoridades federales acusaron inicialmente a Sosa-Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve durante el incidente, pero un juez federal desestimó posteriormente los cargos y funcionarios federales abrieron una investigación para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre lo ocurrido.

La ciudad de Minneapolis difundió el mes pasado un video del incidente captado a distancia por una cámara de seguridad propiedad de la ciudad.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia no respondieron a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios. El Departamento de Seguridad Nacional había dicho previamente que mentir bajo juramento es un “delito federal grave” y que hacer declaraciones falsas podría derivar en el despido o el procesamiento de un agente.

El gobierno envió a miles de agentes al área de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, calificó la Operación Metro Surge como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha y la consideró un éxito.

Pero las tensiones aumentaron durante la ofensiva y las muertes a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales provocaron un malestar masivo y cuestionamientos sobre la conducta de los agentes.

El condado Hennepin, que incluye Minneapolis, ha estado realizando investigaciones sobre múltiples incidentes y presentó cargos el mes pasado contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por presuntas acciones mientras estaba de servicio.

Desde entonces, líderes de Minnesota y el gobierno de Trump se han enfrascado en una disputa sobre quién tiene la autoridad para investigar y procesar a agentes por su conducta en servicio. El gobierno de Trump ha sugerido que las autoridades de Minnesota no tienen jurisdicción; las autoridades estatales han dicho que no confían en que el gobierno federal se investigue a sí mismo ni haga rendir cuentas a los agentes.

“No hay un precedente moderno para lo que les ocurrió aquí a los habitantes de Minnesota”, indicó Moriarty el lunes. “Así que requiere mucho de nosotros profundizar y buscar maneras de hacer rendir cuentas a la gente que probablemente nunca pensamos que estaríamos considerando en nuestras carreras”.

El condado continúa investigando las muertes de Good y Pretti y demandó al gobierno en marzo por el acceso a pruebas en ambos casos, así como en el caso de Sosa-Celis. Aunque Moriarty no ha presentado cargos contra nadie en ninguno de los dos homicidios, ha dicho que confía en que las investigaciones aportarán transparencia, aunque no haya un proceso penal.