La “ley del baño” de Texas está a punto de entrar en vigor. Esto es lo que implica:
(The Texas Tribune) - Este artículo fue escrito por Ayden Runnels para Texas Tribune y traducido al español por Vanesa Olvera para las afiliadas de Telemundo.
A partir del jueves, Texas aplicará el proyecto de ley del Senado 8, también conocido como Ley de Privacidad de las Mujeres de Texas, o más comúnmente como “ley del baño”, cuyo objetivo es restringir el acceso de las personas transgénero a determinados baños del estado.
Los republicanos de Texas han trabajado durante más de una década para aprobar una ley sobre baños como la SB 8. La nueva ley aplica restricciones basadas en el sexo a los baños y vestuarios de los edificios públicos, escuelas y universidades. También aplica restricciones en las prisiones y en los refugios para víctimas de violencia doméstica.
Los partidarios de la ley afirman que creará espacios privados más seguros, pero a los detractores les preocupa que la falta de claridad de la ley sobre cómo aplicar la SB 8 provoque un exceso de vigilancia y acoso público. Esto es lo que hay que saber sobre la SB 8, qué áreas se ven afectadas y por qué la Legislatura aprobó las nuevas restricciones sobre los baños en el estado.
¿Qué áreas cubre el proyecto de ley del Senado 8?
La SB 8 restringe las áreas privadas de ocupación múltiple en edificios públicos, como baños con múltiples cabinas, duchas y vestuarios. Las restricciones de la ley solo se aplican a las instalaciones que son propiedad y están gestionadas por subdivisiones políticas y agencias estatales, entre las que se incluyen las siguientes:
- Edificios del condado y de la ciudad.
- Edificios de agencias, como el Departamento de Transporte de Texas.
- Escuelas públicas y escuelas autónomas de matrícula abierta.
- Universidades públicas.
La ley establece algunas excepciones sobre cuándo se permite a las personas entrar en baños que no se corresponden con su sexo asignado al nacer:
- Las personas que entran para prestar asistencia médica de emergencia a alguien.
- Los trabajadores o el personal de limpieza que limpian las instalaciones, realizan tareas de mantenimiento o llevan a cabo inspecciones.
- Fines policiales.
- Las personas que acompañan a alguien que necesita ayuda para utilizar las instalaciones.
- Los niños de 9 años o menos acompañados por un adulto.
Las instituciones también pueden disponer de instalaciones para una sola persona, como baños familiares, que cualquiera puede utilizar. Los edificios y negocios de propiedad privada, como los restaurantes, no se ven afectados por la SB 8 y pueden establecer sus propias políticas.
La ley también establece dos requisitos adicionales: uno para las prisiones del Departamento de Justicia Penal de Texas y otro para los refugios para víctimas de violencia doméstica que tienen contratos con la Comisión de Salud y Servicios Humanos. Las prisiones del TDCJ deben alojar a los reclusos según el sexo que se les asignó al nacer, sin embargo, un portavoz del TDCJ confirmó que la agencia ya lo hace con los aproximadamente 1750 reclusos trans que hay en sus instalaciones.
La SB 8 también establece que los refugios “diseñados específicamente para prestar servicios a mujeres víctimas” solo pueden atender a aquellas personas a las que se les asignó el sexo femenino al nacer, o a los hijos de víctimas menores de 17 años. No está claro cuáles de los casi 90 refugios para víctimas de violencia doméstica que tienen contrato con la HHSC se ajustan a esa descripción.
Molly Voyles, directora de políticas públicas del Consejo de Texas sobre Violencia Familiar, dijo que, dado que los requisitos de las subvenciones federales para los refugios exigen que atiendan a personas independientemente de su sexo, es posible que la SB 8 no se aplique a ninguno de los que reciben esas subvenciones.
“Sin duda, seguimos analizando el proyecto de ley, su impacto y lo que nos informan nuestras agencias miembros, porque son ellas las que están al lado de las sobrevivientes todos los días, las que están huyendo,” dijo Voyles. “Pero nuestra evaluación inicial es que esta ley no se aplicará a muchos refugios, lo que coincide con lo que declaramos a los legisladores durante la sesión.”
Un portavoz de la HHSC se negó a responder a las preguntas sobre si los refugios que reciben subvenciones federales estarían exentos según la definición de la SB 8, pero afirmó que “la HHSC exige a todos los beneficiarios que cumplan con todas las leyes aplicables de Texas y federales.”
¿Cómo se aplicará el proyecto de ley del Senado 8?
El proyecto de ley SB 8 no incluye ninguna orientación específica para las instituciones sobre cómo aplicar sus restricciones en los baños, salvo que deben tomar «todas las medidas razonables» para garantizar que las personas utilicen las instalaciones que correspondan al sexo que se les asignó al nacer. El autor del proyecto de ley, el senador Mayes Middleton, republicano por Galveston, y la patrocinadora de la Cámara de Representantes, la diputada Angelia Orr, republicana por Itasca, han animado a los organismos públicos, condados y ciudades a aplicar sus propias políticas.
Algunos organismos han confirmado a The Texas Tribune que están elaborando políticas, mientras que otros han dicho que no tienen previsto realizar cambios porque ya cumplen los requisitos de la ley.
Los críticos de la ley han expresado su preocupación por que, en el esfuerzo por hacer cumplir las restricciones, se pueda pedir a algunas personas que muestren su identificación o se sometan a inspecciones físicas. Middleton dijo durante el debate en el pleno que las inspecciones físicas eran «ejemplos extremos» que no encajarían en la definición de una medida razonable, sin embargo, la ley no prohíbe explícitamente el uso de registros.
¿Cuáles son las sanciones por infringir la Ley del Senado 8?
Las personas que utilicen instalaciones públicas que no se correspondan con su sexo asignado al nacer no serán sancionadas por la Ley del Senado 8. En cambio, la institución propietaria de la instalación donde se haya producido la infracción podrá ser multada y demandada por cada caso.
Las denuncias sobre incidentes que se producen en las instalaciones son tramitadas por la Fiscalía General. Estas solo pueden presentarse ante la Fiscalía General después de que un residente de Texas que haya sido testigo de una infracción envíe una notificación por escrito a la institución donde se produjo la infracción. A continuación, la agencia tiene tres días para “subsanar” la infracción, lo que, según Orr en una audiencia del comité de la Cámara de Representantes celebrada en agosto, podría hacerse ajustando la política o la señalización, antes de que la Fiscalía General pueda iniciar cualquier investigación.
La Oficina del Fiscal General debe conceder a las instituciones con denuncias fundamentadas otros 15 días para rectificar la infracción. Cualquier institución que sea declarada responsable de una infracción será multada con 25 000 dólares por la primera infracción y, a continuación, con 125 000 dólares por cada infracción posterior. Las personas que se encuentren en el centro y se vean “afectadas” por el incumplimiento de la ley por parte de una agencia también pueden demandarlas para obtener una resolución declarativa y medidas cautelares.
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